La fiscala Mirta María Martínez es la encargada de investigar el atentado perpetrado entre la noche del viernes y la madrugada del sábado por dos hombres que llegaron sobre una motocicleta y realizaron más de 50 disparos de arma de fuego contra la casa de la jueza de sentencia de Pedro Juan Caballero, Mirna Carolina Ocampos y la jueza de garantías de Capitán Bado, Vivian Marina Quiñónez. En esta nota sepa todo lo relacionado a la investigación del caso y las sospechas del Ministerio Público.
El atentado que tiene como protagonistas a dos desconocidos que se acercaron a la casa ubicada sobre la calle Cerro León entre Iturbe y Carlos Domínguez y realizaron 56 disparos de una pistola calibre 9 milímetros que impactaron en la pared frontal de la casa perteneciente a la madre de la jueza de sentencia de Pedro Juan Caballero, Mirna Carolina Ocampos y la jueza de garantías de Capitán Bado, Vivian Marina Quiñonez. Las magistradas son hermanas de crianza y residen en la misma vivienda.
La magistrada Mirna Carolina Ocampos contó a la agente fiscal que el último caso en el que le cupo entender involucra a Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrão. El jueves último se llevó a cabo la audiencia luego de la cual se lo declaró rebelde y contumaz y se libró orden de captura internacional en su contra. Si bien la magistrada no apuntó hacia “Cachorrão”, sino solamente citó como uno de los casos emblemáticos que tiene a su cargo.
Waldemar Pereira Rivas había sido acusado como autor del homicidio del periodista Lourenço “Leo” Veras, ocurrido el 12 de febrero de 2020. El 11 de noviembre del 2022 fue absuelto de culpa y pena por un Tribunal de Sentencia de Amambay, presidido por Carmen Elizabeth Silva Bóveda e integrado por Ana Graciela Aguirre Núñez y Mirna Carolina Soto González.
Dicha resolución conformado por los magistrados Modesto Cano Vargas, Adela Brizuela Alvarenga y Bartolomé Domínguez Paredes y ordenó que se haga un nuevo juicio.
Inmediatamente después del atentado, los demás miembros del Tribunal que el jueves dictó la captura internacional de “Cachorrão”, es decir, los jueces Mario Peralta Ovelar y Marcelina Quintana de Acosta, pidieron resguardo policial.
Por su parte, la jueza de garantías de Capitán Bado, Vivian Marina Quiñonez Vargas dispuso la prisión preventiva del supuesto sicario Fernando Villa Alta Torales (23), alias Tutu’i, detenido por personal de Antisecuestro el 8 de agosto pasado. El mismo es apuntado como el principal sospechoso del crimen del concejal liberal de Capitán Bado Teobaldo Aquino González (42) ocurrido en julio pasado.
El crimen se produjo solo 13 días después de que de “Tutu’i haya salido de la cárcel de Pedro Juan Caballero, acusado de matar a Kevin Giovani Vichini Aquino (22) sobrino del concejal badeño. En la ocasión el tío de la víctima lo habría reconocido como el autor del crimen.
La agente fiscal encargada de investigar el atentado solicitó que el PabellónA de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero, ocupado por miembros del Primer Comando da Capital (PCC), sea allanado. Durante el operativo realizado el sábado se encontraron algunos documentos, armas blancas y tarjetas SIM.
No hay avances significativos en la identificación de los responsables
La fiscala Mirta Martínez declaró que hasta el momento no cuentan condatos concretos que permitan establecer la autoría del violento incidente y que el análisis de los elementos hallados durante la diligencia no arrojó datos que conduzcan a los autores del atentado.
Dijo que “por el estado actual de las cosas, no estamos siquiera en condiciones de afirmar hacia cuál de las magistradas va dirigido este atentado”, manifestó.
Agregó que “a pesar de que es un hecho sumamente preocupante y que evidencia un claro intento de amedrentamiento, no hemos podido avanzar en la investigación. Ambas juezas tienen casos que involucran a personas peligrosas, lo que complica aún más la identificación de posibles motivos y autores”.
Las juezas Ocampos y Quiñonez continúan desempeñando sus funciones judiciales, mientras se espera que la investigación avance. Las autoridades han intensificado las medidas de seguridad en torno a las residencias de las magistradas y han reforzado la vigilancia en la zona para prevenir futuros incidentes.
La casa de la fiscala Mirta Martínez ya había sido baleada por desconocidos. Eso ocurrió en julio de 2021 cuando la misma aún no era agente fiscal. Las sospechas se centraron en que el hecho fue dirigido en contra de su esposo, el presidente de la Circunscripción Judicial de Amambay, Luis Alberto Benítez Noguera.
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