Tres vehículos de alta gama, valuados en aproximadamente G. 850 millones, fueron incautados durante los procedimientos realizados en dos locales de apuestas clandestinas “SportsPy.Bet”, donde además investigadores detectaron movimientos informales cercanos a G. 800 millones en los últimos seis meses.
Agentes de la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros, Departamento de Amambay, realizaron allanamientos simultáneos en dos locales identificados como “SportsPy.Bet”, en el marco de una investigación por supuesta explotación ilegal de juegos de azar, asociación criminal y lavado de dinero.
El operativo fue ejecutado el pasado 19 de mayo, entre las 15:30 y las 20:00 horas, en coordinación con el Ministerio Público, dentro de la causa N.º 6613/2025, abierta en Pedro Juan Caballero.
En el primer allanamiento, la comitiva fue recibida por Luis Miguel Ayala Rodríguez, quien manifestó ser encargado del local. En el segundo procedimiento, los intervinientes encontraron cerrado el establecimiento y, por disposición fiscal, procedieron a la apertura forzosa mediante una cizalla. El sitio era ocupado por Emanuel Aquino Lima.
Durante las intervenciones, las autoridades constataron que ambos locales operaban sin registro ante la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR), sin inscripción en la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y sin habilitación municipal.
Personal especializado en investigación de cibercrimen realizó el levantamiento y resguardo de evidencias digitales, entre ellas cinco CPUs utilizadas para apuestas, dos gabinetes administrativos, sistemas de circuito cerrado, impresoras de tickets, dispositivos móviles y registros de conexión.
Además, mediante la extracción de datos del sitio clandestino, los investigadores detectaron balances de los últimos seis meses que revelarían ganancias informales cercanas a G. 800 millones.
En el marco de la causa por supuesto lavado de dinero, también fueron incautados una Toyota Fortuner 2026, una Chevrolet Tracker 2018 y una Toyota Hilux 2024, con un valor estimado total de G. 850 millones.
Las evidencias quedaron a cargo del Ministerio Público, mientras que los vehículos fueron trasladados hasta la sede del Departamento de Amambay de la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros. La investigación continúa con el análisis documental, financiero y forense de las pruebas incautadas.
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