El doctor Pablo Ayala, director de la XIII Región Sanitaria, confirmó que el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero ya fue notificado sobre la denuncia por supuesta negligencia médica contra un policía retirado que fue sometido a una cirugía en dicho nosocomio. Afirmó total apertura institucional para colaborar con la Fiscalía en el esclarecimiento del caso.
El director regional explicó que el paciente, Venancio Basualdo, ingresó para una hernioplastia programada el 5 de enero pasado. Según el relato de Ayala, los cirujanos intervinientes —identificados en la denuncia como el doctor Carlos Agüero y un colega asistente— se encontraron con un escenario complejo debido a una cirugía previa del paciente.
Durante el procedimiento, los médicos hallaron una malla de la operación anterior con una porción del intestino adherida. Al intentar despegar el tejido, notaron la presencia de tejido necrótico, lo que obligó a realizar una resección intestinal y una posterior unión de los extremos. Ayala señaló que el paciente recibió el alta médica aproximadamente una semana después tras ser evaluado por cirujanos de guardia. Sin embargo, el paciente reingresó a urgencias dos días después con dolor lumbar intenso y un cuadro de neumonía intrahospitalaria.
La controversia central del caso reside en la diferencia entre los hallazgos reportados en el Hospital Regional y los informes provenientes de la capital. Mientras la familia de la víctima sostiene, basándose en informes del Hospital Rigoberto Caballero, que el paciente sufrió perforaciones intestinales que derivaron en una infección generalizada, el doctor Pablo Ayala fue cauteloso al respecto.
“Nos enteramos de esa versión, pero no tenemos aún un informe oficial del nosocomio donde se encuentra actualmente”, afirmó el director, agregando que las evaluaciones realizadas en Pedro Juan Caballero no mostraban complicaciones abdominales en ese momento. No obstante, Ayala fue enfático en que “el acto médico es individual y cada profesional es responsable de su desempeño”, deslindando la responsabilidad de la infraestructura hospitalaria de la actuación técnica de los profesionales.
Para determinar si existió negligencia o mala praxis, la XIII Región Sanitaria ha solicitado informes pormenorizados de todo el proceso de atención. El doctor Pablo Ayala aclaró que la resolución final dependerá de la investigación judicial y la posible conformación de una junta médica.
La Fiscalía será la encargada de convocar a peritos del Ministerio Público y el Poder Judicial para evaluar los datos oficiales del hospital de Asunción. Actualmente, el paciente continúa en estado crítico y bajo pronóstico reservado tras haber permanecido 22 días entubado. La dirección regional reiteró su deseo de una evolución favorable para el paciente y aseguró que, de hallarse responsables, deberán responder ante la justicia.
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