El Ministerio Público investiga la desaparición de cinco pistolas de la cárcel de Pedro Juan Caballero, detectada durante el relevo de guardia el último fin de semana. Por disposición de la dirección del recinto penitenciario, cuatro funcionarios fueron separados de sus cargos mientras se analizan las cámaras de seguridad para determinar si el armamento fue robado para su venta o para ser ingresado nuevamente al penal a favor de reclusos para su comercialización.
El director del penal, Adán González, informó en una entrevista para Urundey FM que las armas sustraídas consisten en tres pistolas de la marca Glock y dos de la marca Beretta. Aclaró que estos equipos se encontraban actualmente en desuso y estaban resguardados a la espera de ser entregados al departamento de Patrimonio para su baja definitiva o redistribución.
Tras la confirmación del robo, se radicó la denuncia formal ante el Ministerio Público este domingo. El caso ha quedado a cargo del agente fiscal de turno Andrés Cantaluppi, quien ya inició las primeras diligencias procesales. Asimismo, personal especializado de la unidad de Crimen Organizado de la Policía Nacional, encabezado por el oficial César López, se encuentra trabajando en conjunto con la administración penitenciaria para determinar la trazabilidad del hecho.
Como medida inmediata para facilitar la investigación, cuatro funcionarios penitenciarios que formaban parte de la guardia al momento del extravío han sido separados de sus cargos. González enfatizó que estos agentes permanecerán apartados de sus funciones hasta que se logre deslindar responsabilidades. Además, los investigadores se encuentran analizando minuciosamente las grabaciones de las cámaras de seguridad del circuito cerrado del penal para identificar movimientos sospechosos durante el cambio de turno.
Respecto al posible destino de las pistolas, las autoridades manejan dos hipótesis principales. La primera apunta a una comercialización ilegal de las armas en el mercado negro, mientras que la segunda sugiere la posibilidad de que se intentara reingresar el armamento al interior del penal para uso de los internos. “Sería para la venta o para entrar de vuelta al penal; es lo más cercano”, señaló el director durante la entrevista, subrayando la peligrosidad de que este tipo de dispositivos circulen fuera de control oficial.
En el transcurso de este lunes, las autoridades mantienen reuniones constantes para coordinar los peritajes técnicos. La Fiscalía busca determinar si existió complicidad interna o si se trató de una vulneración de los sistemas de custodia por negligencia. Por el momento, no se han revelado las identidades de los guardias separados, a la espera de mayores evidencias que permitan formular imputaciones concretas ante el Ministerio Público.
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