El juez de garantías Gustavo Amarilla dispuso que Luis Alberto Benítez Escobar (46) siga preso en el penal de Pedro Juan Caballero. Este supuestamente era contador del clan criminal García Morínigo, que operaba desde Amambay y fue anulado en 2020 con el operativo Status.
A través del AI N° 3, el juez penal de garantías especializado en Crimen Organizado, Gustavo Amarilla Arnica, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva para Luis Alberto Benítez Escobar, procesado por asociación criminal y comercialización de sustancias estupefacientes por la Ley N° 1340/88 y sus modificatorias, y asociación criminal por el Código Penal, por la operación Status.
El abogado Milciades Centurión había solicitado una nueva revisión de medidas para su defendido, Luis Benítez, de modo de que se levante la prisión preventiva y se le otorgue, por ende, una situación menos gravosa para que pueda seguir un tratamiento adecuado a las varias dolencias que padece.
El juez Gustavo Amarilla le impuso a Luis Benítez la prisión preventiva a través del AI N° 79, el 17 de marzo de 2022, y confirmó la resolución por medio de los AI N° 259 y AI N° 396, del 26 de julio y 9 de diciembre de 2022, respectivamente.
Benítez cayó preso en marzo del año pasado en prosecución a la operación Status, llevada a cabo por el Ministerio Público y la Senad. Mediante la misma se logró la captura de Emidio Morínigo Ximénes, quien lideraba el denominado “clan García Morínigo”, integrado además por sus hijos Jefferson García Morínigo y Kleber García Morínigo. Estos fueron detenidos y expulsados al Brasil.
De acuerdo con datos brindados por la Senad, el supuesto clan criminal García Morínigo operaba desde Pedro Juan Caballero, traficaba sustancias estupefacientes al vecino país y luego lavaba las ganancias a través de la compra de bienes, para esto último habría cooperado Luis Benítez.
Defensa insiste en libertad para tratamiento de contador
Al momento de la audiencia de revisión de medidas, el abogado Milciades Centurión señaló sobre su defendido: “su estado de salud con el transcurso del tiempo se estaba deteriorando, teniendo en cuenta el hacinamiento y falta de infraestructura en materia de salud, sea personal calificado para el cuidado de persona con enfermedad grave y terminal”.
En una audiencia anterior, a través del Oficio N° 500 se dispuso en consecuencia la conformación de una junta médica por el Dr. César González Haiter, Dra. Patricia Rivarola y Dr. Julio Barrios, este último de la sanidad de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero, donde Benítez está preso.
El órgano médico evaluador sugirió tras el análisis del paciente, un control y regularización de su medicación y dieta antihipertensiva, además de una evaluación por cardiología, electrocardiograma, ecocardiografía, incluso cateterismo cardiaco.
Como conclusión la Junta dictaminó que “el paciente se encuentra sin una adecuada accesibilidad a la salud, con lo que, en caso de complicación de su patología, CORRE PELIGRO DE MUERTE, pues la penitenciaría no cuenta con personal y elementos básicos que puedan ofrecer seguridad ante tal evento. Consideramos que su lugar de reclusión no puede brindar las necesidades antes sugeridas, por la limitación en infraestructura y personal calificado para personas que sufre estas enfermedades”.
Fiscalía y juzgado responsabilizan al Ministerio de Justicia
En respuesta a lo señalado por la defensa técnica, el fiscal Isacc Ferreira manifestó: “El Ministerio Público no desconoce las dolencias que padece Luis Benítez, más aún teniendo en cuenta lo referido en el informe de la junta médica, sin embargo, la falta de atención para su tratamiento en la penitenciaría no es fundamento que haga mérito a una sustitución de medida cautelar, ya que es una responsabilidad absoluta y exclusiva del Ministerio de Justicia proveer lo necesario para el tratamiento médico”.
Por su parte, el juez Gustavo Amarilla, tras analizar ambos argumentos, expresó: “La conclusión de los médicos integrantes de la Junta Médica refieren que la problemática de salud que padece el procesado de autos tiene relación a encontrarse en una situación de poca accesibilidad a la salud, ósea que el Centro Penitenciario no brinda o debe de reforzar sus servicios de salud para este interno ya que los médicos afirman que en caso de no ser asistido, corre peligro de muerte”.
Añadió que “en pocas palabras no está en peligro de muerte, siempre y cuando se le proporcione al mismo todo lo necesario para tener un acceso a una salud digna y con provisión de la medicación y tratamientos que requiere un cuadro de hipertensión como el que sufre”.
Por último reflexionó sobre la situación carcelaria: “Nuestras penitenciarías de hombres y mujeres se encuentran repletas con numerosas personas que padecen cuadros de hipertensión”.
ABC
