La orden de allanamiento a la residencia del diputado Eulalio “Lalo” Gomes en Pedro Juan Caballero, firmada por el juez penal de garantías especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal, autorizaba a los fiscales encargados a detener a “personas sospechosas de formar parte del esquema de lavado de activos”, además de requisar elementos de convicción relacionados a los hechos investigados. En el procedimiento terminó muerto el parlamentario.
La orden de allanamiento a la residencia del diputado colorado cartista Eulalio “Lalo” Gomes en la ciudad de Pedro Juan Caballero, Amambay fue dictada por el juez penal de garantías especializado en Crimen Organizado Osmar Legal, a pedido de los fiscales de las Unidades Especializadas de Lucha contra el Narcotráfico, Crimen Organizado y Delitos Económicos.
El operativo se realizó a las 03:00 de hoy y en la ocasión el legislador de 67 años fue abatido a tiros por uno de los agentes que integraron la comitiva policial, conformada por personal de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales de la Policía Nacional.
La Policía alega que los intervinientes fueron repelidos con disparos y contestaron el fuego, hiriendo mortalmente al parlamentario.
Mandato identifica plenamente casa de Lalo Gomes en PJC
Fuentes judiciales indicaron que fueron 13 los mandatos de allanamiento librados por el juzgado en lo que sería la tercera fase del Operativo Pavo Real Py, denominada Pavo Real 3, y los fiscales autorizados a realizar el procedimiento son Osmar Segovia, Ingrid Cubilla, Elva Cáceres, Fabiola Molas, María Irene Alvarez, Guillermo Sanabria, Pamela Pérez, Cristian Ortiz, Alejandro Cardozo, Alicia Sapriza y Celso Morales.
El documento expedido para el allanamiento a la residencia del diputado Eulalio Gomes, la vivienda estaba plenamente identificada tanto por la dirección -Choferes del Chaco N° 1.000 entre Natalacio Talavera y Tte. Herrero de la ciudad de Pedro Juan Caballero- como por las coordenadas geográficas y la especificación de la identidad del propiedario del inmueble.
Orden de allanamiento refiere búsqueda de sospechosos y evidencias de lavado de activos
En la parte referente al objeto del procedimiento, la orden dice textualmente: “a fin de hacer efectiva la detención de las personas sospechosas de formar parte del esquema de lavado de activos, para la circulación del dinero ilicito, también, a fin de reunir elementos de convicción que podrían encontrarse inmuebles, tales como drogas peligrosas, de los mencionados armas de fuego, valor económico, documentos, dinero, joyas, accesorios computadoras/notebooks, teléfonos celulares y/o satelitales, tablets, equipos GPS, DVR’S, cualquier otro dispositivo de almacenamiento, aeronaves, vehículos, embarcaciones, ganados/semovientes de valor económico”.
Agrega el mandato que los intervinientes podrán incautada “cualquier otra evidencia que guarde relación con los hechos punibles investigados, previstos y penados por la Ley N° 1340/88 “que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos afines y establece medidas de prevención y recuperación de drogodependientes”; y su modificatoria Ley 1881 2002 y el Código Penal y Procesal Penal vigente, debiendo actuar en todo momento conforme a derecho, autorizando asimismo el uso de la fuerza pública, pudiendo ingresar al lugar con apertura de candados, puertas, ventanas, y cualquier medio que haga posible el fiel cumplimiento del presente cometido”.
Todos los imputados por lavado de activos
La solicitud se realizó en el marco de la imputación presentada los fiscales antidrogas Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres en la causa penal caratulada “Eulalio Gomes Batista y otros sobre lavado de activos provenientes del tráfico de drogas peligrosas y otros”, presentada esta mañana.
Además del parlamentario ahora fallecido, la imputación está dirigida contra su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, de 37 años, Oscar Daniel Cabrera Pinazo (37), Luis María Zubizarreta Zaputovich (84) y John Gerald Matthias Gaona (51).
Según la Fiscalía, los imputados habrían inyectado grandes sumas de dinero al sistema financiero paraguayo de manera ilícita por medio de transacciones en efectivo, sin sustento documental suficiente, a través de sus cuentas bancarias, en un periodo comprendido entre el 2015 y el 2021.
ABC
