El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados resolvió abrir una investigación de oficio respecto al caso Alfacom, en el cual, la Cámara de Apelaciones restituyó bienes decomisados a procesados por lavado de dinero y asociación criminal.
Al respecto, Oscar Paciello mencionó que de acuerdo a los antecedentes, la empresa Alfacom era utilizada como fachada por el grupo liderado por Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro, para el lavado de activos a través de la venta de vehículos de alta gama.
“Voto por el inicio de una investigación preliminar a los efectos de solicitar las instrumentales necesarias mediante las cuales poder constatar la eventual existencia de indicios de mal desempeño funcional de los intervinientes que ameriten la apertura o no de un enjuiciamiento de oficio”, expuso, moción que fue aprobada por el pleno.
El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Crimen Organizado, por mayoría, resolvió revocar el AI N° 134 del 17/03/2023 dictado por el juez Penal de Garantías José Delmás, con lo cual se ordena la devolución de bienes incautados que corresponden a la empresa Alfacom SRL.
Alfacom SRL fue constituida en 2007 por Alfredo Galvalisis Ramírez y Graciela Ester Paniagua de Galvalisis, firma que serviría de intermediaria en la compra y venta de bienes, operaciones que presuntamente eran respaldadas con dinero proveniente de grupos criminales dedicados al tráfico de drogas.
En concreto, mediante la citada firma, habrían actuado de enlaces en la compra de vehículos ante las grandes concesionarias del país (Toyotoshi, Garden Automotores, Cuevas Hermanos, etc.) para posteriormente venderlos nuevamente a grupos de personas físicas y jurídicas relacionadas a actividades criminales y de esa forma eludir los controles de los órganos estatales para integrar el dinero ilícito en el flujo del sistema económico nacional, según la investigación de la Fiscalía.
El fiscal Andrés Arriola solicitó el sobreseimiento provisional de los investigados, pero no contestó el recurso planteado por la defensa respecto a la devolución de los lujosos rodados más la administración de la empresa.
Tras esto, Arriola presentó una acción de inconstitucionalidad contra la resolución de la Cámara, donde pide como medida cautelar de urgencia la suspensión de los efectos de la resolución, para no restituir los bienes reclamados.
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