El juez de Ejecución Especializado en Crimen Organizado, Carlos Luis Mendoza Peña, concedió 90 días de prisión domiciliaria con tobillera electrónica al narcotraficante pedrojuanino Atilano Arteta Aponte, de 64 años, condenado a 16 años de cárcel por el tráfico de 457 kilos de cocaína. La medida fue otorgada por motivos de salud, pese a la oposición del Ministerio Público, y estará sujeta a controles médicos y judiciales.
El narcotraficante pedrojuanino Atilano Arteta Aponte, de 64 años, condenado a 16 años de prisión por el tráfico de 457 kilogramos de cocaína, fue beneficiado con prisión domiciliaria por un periodo inicial de 90 días, mediante una resolución dictada por el juez de Ejecución Especializado en Crimen Organizado, Carlos Luis Mendoza Peña.
La decisión judicial quedó establecida en el Auto Interlocutorio N.º 274, emitido el viernes 23 de octubre de 2026, y dispone que el condenado permanezca bajo arresto domiciliario con utilización obligatoria de una tobillera electrónica, cuyo costo deberá ser cubierto por el propio beneficiado.
Arteta Aponte cumple una condena impuesta el 18 de diciembre de 2023, cuya fecha de cumplimiento total está prevista para el 14 de junio de 2035.
Problemas de salud motivaron la decisión judicial
Según los antecedentes de la resolución, la defensa del condenado, ejercida por la abogada Zully Rocío Osorio, promovió un incidente de prisión domiciliaria argumentando el delicado estado de salud de su representado.
El condenado presenta una lesión abdominal posquirúrgica crónica, con supuración persistente desde una intervención realizada en 2023.
Una junta médica forense multidisciplinaria concluyó que la lesión no presenta una evolución normal de cicatrización y requiere seguimiento quirúrgico y clínico permanente, además de condiciones adecuadas para prevenir complicaciones infecciosas.
El magistrado consideró que el cuadro médico, sumado a la edad del condenado y otras afecciones, reúne las condiciones previstas en el artículo 239 del Código de Ejecución Penal para la aplicación de la medida excepcional.
Ministerio Público se opuso al beneficio
La concesión de la prisión domiciliaria se produjo pese a la oposición del Ministerio Público, que sostuvo que la existencia de enfermedades o alteraciones en los estudios laboratoriales no constituye, por sí sola, motivo suficiente para sustituir el régimen penitenciario.
No obstante, la representación fiscal reconoció el derecho constitucional a la salud del condenado y la necesidad de garantizarle atención especializada, curaciones y evaluaciones médicas externas.
Tras analizar los informes de la junta médica y los argumentos de ambas partes, el juez Mendoza Peña resolvió conceder temporalmente la prisión domiciliaria.
Utilizará tobillera electrónica y estará bajo vigilancia
La resolución establece que Arteta Aponte deberá utilizar permanentemente una tobillera electrónica para controlar el cumplimiento de las restricciones impuestas.
El juzgado advirtió que cualquier incumplimiento grave podrá ocasionar la revocación inmediata del beneficio y el retorno del condenado al régimen penitenciario correspondiente.
Asimismo, se dispuso la presentación de un plan asistencial médico y la realización de evaluaciones médicas y socioambientales cada 90 días para determinar si corresponde mantener la medida.
La prisión domiciliaria no implica la extinción ni la reducción de la condena de 16 años, sino una modificación temporal de las condiciones de cumplimiento por razones sanitarias.
Condenado junto a sus tres hijos por tráfico de cocaína
Atilano Arteta Aponte fue condenado el 18 de diciembre de 2023, mediante la Sentencia Definitiva N.º 581, por un Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado integrado por las magistradas Alba González, Dina Marchuk y Gloria Hermosa.
En el mismo juicio también fueron condenados a 12 años de prisión sus tres hijos, Cristian Daniel, Rolando David y Derlis Michel Arteta, señalados como integrantes de la organización criminal familiar conocida como el clan Arteta.
Durante el juicio, la acusación sostenida por el entonces fiscal antidrogas Osmar Segovia logró demostrar que Atilano Arteta dirigía las operaciones del grupo y daba instrucciones a sus familiares y otros integrantes para recibir cargamentos de cocaína provenientes de Bolivia.
La investigación se originó en junio de 2019, tras la incautación de 457 kilogramos de cocaína, durante la denominada Operación Pescador, desarrollada conjuntamente por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), la Policía Nacional y el Ministerio Público.
El procedimiento permitió desarticular parte de la estructura dedicada al tráfico internacional de drogas y culminó con las condenas de los principales integrantes del clan familiar.
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