La Universidad Autónoma de Luque, específicamente su Facultad de Medicina en la sede de Pedro Juan Caballero, está ofertando la carrera de Medicina sin estar debidamente habilitada por el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES). A pesar de ello, la institución exhibe un gran cartel simulando estar habilitada por el CONES.
Prácticas Irregulares y Criminales
La universidad está ofreciendo ventajas inconcebibles para cualquier carrera universitaria, permitiendo que alumnos cursando el primer semestre en otras instituciones de ciencias de la salud puedan transferirse directamente al octavo o noveno semestre en la Universidad Autónoma de Luque. Esta práctica, que depende de las posibilidades económicas del estudiante, es considerada completamente irregular y criminal, ya que permite la obtención de un título de médico sin haber completado las etapas más importantes de la formación, poniendo en riesgo la salud pública no solo de Paraguay, sino también de Brasil, de donde proviene la mayoría de los estudiantes.
Fusión y Operación Irregular
Además, la Universidad Autónoma de Luque se ha fusionado con la Universidad Privada del Guairá, otra institución sin ninguna habilitación. Ambas operan de manera irregular, sin contar con planes de estudio aprobados por las autoridades rectoras de la carrera de Medicina, ni con la infraestructura y recursos necesarios para el desarrollo adecuado de las clases. Tampoco tienen un cuerpo docente capacitado y habilitado, como exige la enseñanza superior en cualquier país del mundo.
Falta de Acción de las Autoridades
A pesar de las denuncias periodísticas confiables sobre estas irregularidades, ni las autoridades rectoras de la enseñanza superior universitaria ni el Viceministerio de Educación Superior han tomado medidas adecuadas. El Ministerio Público, como representante del pueblo, también tiene una seria responsabilidad en estos casos y debería actuar de oficio para salvaguardar la salud del pueblo paraguayo y desactivar las prácticas mafiosas en la educación superior del país.
La situación denunciada refleja una grave amenaza a la integridad del sistema educativo y a la salud pública. Es crucial que las autoridades correspondientes tomen medidas inmediatas y firmes para abordar estas irregularidades y garantizar que la educación superior en Paraguay cumpla con los estándares de calidad y legalidad necesarios.
