La Penitenciaría Regional de Concepción enfrenta una severa crisis de hacinamiento que compromete las condiciones básicas de vida de los internos. El centro penitenciario, que actualmente alberga a 1.800 personas privadas de libertad, supera en más del 80% su capacidad instalada, según informa el director de la institución, Andrés Cabral.
La situación es particularmente crítica en el Pabellón F, donde aproximadamente 306 internos se encuentran recluidos en espacios que no cumplen con los estándares mínimos de habitabilidad. Evidencia fotográfica muestra a numerosos reclusos durmiendo en el suelo, muchos sin acceso a colchones, lo que agrava las condiciones de su privación de libertad.
El hacinamiento no solo afecta el espacio físico disponible sino que también impacta en otros aspectos fundamentales como la alimentación. Familiares de los internos han denunciado una disminución en la calidad de los alimentos proporcionados y un incremento en los costos de productos básicos dentro del penal, consecuencia directa de la sobrepoblación.
Esta crisis refleja una problemática estructural del sistema penitenciario paraguayo, donde la falta de infraestructura adecuada y recursos suficientes obstaculiza los objetivos de reinserción social y el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad. La situación actual evidencia la urgente necesidad de implementar soluciones integrales al problema del hacinamiento carcelario.
En medio de esta crisis, la institución ha logrado implementar algunas mejoras. Recientemente se habilitó un nuevo pabellón sanitario equipado con diez camas hospitalarias, incluyendo sábanas, fundas y una silla de ruedas, destinado a garantizar el derecho a la salud de los internos. Esta iniciativa representa un paso positivo en medio de las múltiples carencias que enfrenta el centro penitenciario.
La situación en la Penitenciaría Regional de Concepción expone la necesidad urgente de reformas en el sistema penitenciario nacional. El hacinamiento no solo viola los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad sino que también compromete los objetivos de rehabilitación y reinserción social que deberían guiar la política penitenciaria.
Fuente: RDN
