Un grupo de concejales municipales del vecino distrito de Zanja Pytã denuncia que hace varios meses no perciben sus salarios porque supuestamente el intendente Pablino Arévalos (ANR, FR) está enojado porque los ediles le cuestionan su administración y rechazan su último balance. Afirman que es casi como un “chantaje” para que aprueben su gestión, pese a que sospechan un posible desvío de unos G. 4.000 millones.
Un grupo de concejales colorados y liberales presentaron denuncia, como primera instancia, ante el ministro de Hacienda Óscar Llamosas contra el intendente Pablino Arévalos (ANR) porque supuestamente les niega el cobro de sus dietas hace varios meses, presuntamente por el hecho de cuestionar la gestión municipal.
“Hay colegas que desde que inició de la administración de este periodo (2021) ni un mes han percibido hasta ahora. Hay otros colegas que siete meses tienen dietas atrasadas y en mi caso, justo ahora se va a completar cuatro meses (sin cobrar) y todo por no estar de acuerdo” con la gestión del intendente, afirmó la concejala municipal Mirta Dávalos (ANR), vocera del grupo de denunciantes.
Según refieren, en la misma situación se encuentran los concejales Leonor Sánchez López (PLRA), Saúl Salinas (ANR) y Édgar Denis Benítez Vargas (ANR), quienes sostienen que la situación se da hasta a modo de “chantaje”, buscando que cedan en su postura y que finalmente aprueben la cuestionada gestión del jefe comunal. La Junta Municipal está compuesta por nueveconcejales.
“Por eso recibimos esta presión, por no estar de acuerdo con algunas injusticias que se hacen en la administración municipal”, remarcó Dávalos, que incluso mencionó que encontraron sospechas de malversación de fondos.
La concejala Sánchez citó por ejemplo, que el último balance correspondiente al periodo 2022 se presentó fuera de tiempo y detectaron sospechosos gastos por “obras” que no saben si efectivamente se ejecutaron.
“No se presentó en tiempo y forma (el balance). El plazo de entrega del balance general se da a conocer los primeros tres meses de cada año, que sería el 30 de marzo y ya venció el plazo. También hay una malversación, porque hay G. 4.000 millones que aparecen en obras, pero nosotros no encontramos ninguna obra de esa envergadura que se pueda comprobar”, sostuvo.
Dávalos finalmente dijo que esta negativa a pagarles es por un “capricho” de Arévalos y que “el intendente nos trata así como si fuéramos funcionarios de una empresa privada”. Remarcó que pese a esta situación, hasta ahora siguen en su rol de contralores de la gestión municipal, pero esperan la intervención del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría General de la República.
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