CAPITÁN BADO: Los agentes fiscales Christian Benítez y Verónica Valdez imputaron al juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Capitán Bado, Abg. Cristhian Ariel Sánchez Zaracho, por el presunto hecho de lavado de activos, en la modalidad de frustración del comiso. Además, solicitaron su desafuero y un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo de la investigación.
El caso está relacionado con la causa penal N.º 9621/2017, denominada “Luiz Carlos Da Rocha y otros s/ Lavado de Activos, Tráfico Ilícito y Delitos Conexos”, conocida como el caso Cabeza Branca.
Según la imputación fiscal, el juez Cristhian Ariel Sánchez Zaracho habría ordenado la subasta pública de dos inmuebles que contaban con medidas cautelares vigentes y estaban sujetos a una expectativa de comiso dentro de dicha causa penal.
De acuerdo con el Ministerio Público, en agosto de 2023 la SENABICO comunicó al magistrado que ambas propiedades tenían medidas cautelares vigentes. Sin embargo, pese a esta advertencia, el juez habría dispuesto igualmente la realización de la subasta.
Posteriormente, informes de la Dirección General de los Registros Públicos, emitidos en octubre y noviembre de 2023 a pedido del propio magistrado, habrían confirmado que continuaba vigente una prohibición de innovar dictada por la jueza penal de garantías Lici María Teresa Sánchez.
A pesar de estos informes, la subasta se realizó el 8 de noviembre de 2023 y los dos inmuebles fueron adjudicados a la firma Grupo Paraná S.A.
La Fiscalía sostiene que el 28 de noviembre de 2023 el juez aprobó la subasta y posteriormente habría ordenado la inscripción preventiva de los inmuebles a nombre de la empresa adjudicada, para lo cual remitió los oficios correspondientes a la Dirección General de los Registros Públicos.
Sin embargo, Registros Públicos emitió una nota negativa y rechazó la inscripción debido a que las medidas cautelares dictadas dentro de la causa penal continuaban vigentes.
Ante estos hechos, los fiscales consideran que existen elementos para investigar al magistrado por su presunta actuación destinada a impedir o dificultar el comiso de los bienes.
Por este motivo, los agentes fiscales Christian Benítez y Verónica Valdez requirieron al Juzgado Penal de Garantías el desafuero del juez imputado, Abg. Cristhian Ariel Sánchez Zaracho, además de solicitar un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo de la investigación.
-IMPERIOFM
