Un ciudadano brasileño que ingresó a territorio paraguayo para realizar una compra de celulares denunció haber sido víctima de una presunta extorsión por parte de agentes de la Comisaría 7ª de Pedro Juan Caballero.
Según la denuncia, los policías habrían exigido 30.000 reales. Al no concretarse el supuesto pago, los intervinientes comunicaron el procedimiento al Ministerio Público y posteriormente la fiscal María Mirta Martínez dispuso su detención.
El hecho denunciado reviste enorme gravedad y debe ser esclarecido, pero además plantea una preocupación que va mucho más allá de este caso particular: el daño que este tipo de actuaciones puede ocasionar y al comercio fronterizo de Pedro Juan Caballero.
Miles de ciudadanos brasileños cruzan diariamente al Paraguay para comprar celulares, electrónicos y otros productos en shoppings, galerías y comercios ubicados en la línea internacional. Ese movimiento comercial genera empleos, sostiene empresas y representa el sustento de miles de familias.
Por eso surge una interrogante inevitable: ¿quién va a querer venir a comprar al Paraguay si los propios compradores brasileños pueden terminar denunciando que policías paraguayos les exigen dinero y luego los ponen a disposición de la Justicia?
¿Qué imagen estamos transmitiendo al Brasil? ¿Qué seguridad puede sentir un comprador que cruza la frontera para gastar su dinero en nuestros comercios si teme encontrarse con este tipo de situaciones?
Una denuncia de esta naturaleza no afecta solamente a la persona involucrada. Golpea directamente la confianza en Pedro Juan Caballero como destino de compras y perjudica gravemente al comercio de frontera.
Si existió algún hecho punible cometido por el ciudadano brasileño, corresponde que las autoridades expliquen claramente cuál fue y presenten los elementos que justificaron el procedimiento. Pero, de la misma manera, el supuesto pedido de 30.000 reales atribuido a los agentes policiales debe ser investigado con absoluta seriedad.
No se puede permitir que la eventual conducta irregular de algunos funcionarios termine destruyendo el esfuerzo de comerciantes que durante años trabajaron para atraer compradores brasileños al Paraguay.
Cuando se espanta al comprador brasileño, no pierde solamente un comercio: pierde Pedro Juan Caballero, pierden sus trabajadores y pierde toda la economía fronteriza.
La denuncia debe ser investigada hasta las últimas consecuencias.
#IMPERIOFM
