Los guardiacárceles Eugenio Odilón Silva Vázquez, Celso Romei Quevedo Añazco y José Asunción Figueredo Vera afrontan el proceso por el hurto de cinco pistolas de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan con medidas distintas, luego de que el juez Martín Areco concediera arresto domiciliario a dos de ellos, mientras que Figueredo, quien se desempeñaba como armero del penal seguirá en prisión.
En el marco de la investigación por el hurto especialmente grave de armas de fuego de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero, el juez penal de Garantías Martín Areco resolvió el sábado modificar las medidas cautelares de dos de los cuatro guardiacárceles imputados.
La decisión se dio tras una audiencia de revisión de medidas, solicitada por los defensores técnicos de los procesados que se encontraban con prisión preventiva. En ese contexto, el magistrado hizo lugar al pedido de arresto domiciliario para Eugenio Odilón Silva Vázquez, representado por el abogado Felipe Reyes, y Celso Romei Quevedo Añazco, defendido por el abogado Jaime García.
Según lo expuesto en la audiencia, ambos imputados acreditaron arraigo suficiente y ofrecieron fianza, lo que fue valorado por el juez para permitirles enfrentar el proceso penal fuera de un centro de reclusión, en el marco de la causa impulsada por el fiscal Andrés Cantaluppi.
Distinta suerte corrió el agente penitenciario José Asunción Figueredo Vera, quien también solicitó la sustitución de la prisión preventiva a través de sus abogados Fabio Aguilar e Ivo Lezcano, pedido que fue rechazado por el magistrado.
Figueredo deberá permanecer en prisión, atendiendo a que en la noche en que se produjo la desaparición de las armas se desempeñaba como “armero” del penal, es decir, responsable directo de la custodia de la armería. Esta condición fue considerada determinante por el juez para negar el arresto domiciliario.
En la resolución, el magistrado resaltó que Figueredo era el “comandante de la armería” y mencionó movimientos llamativos registrados entre las 19:48 y las 21:13 horas, periodo en el que ingresó y salió en reiteradas ocasiones del área de armería portando un bolso.
El hecho investigado ocurrió la noche del 31 de enero, cuando se reportó la desaparición de cinco pistolas de la armería de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero, lo que derivó en la intervención del penal y la imputación de cuatro funcionarios penitenciarios, de los cuales solo uno continuará privado de libertad.
