El Tribunal de Apelación en lo Penal de la Circunscripción Judicial de Amambay resolvió anular la sentencia condenatoria dictada contra tres agentes de la Policía Nacional, por lo que el caso será remitido a un nuevo juicio oral y público.
La decisión se produjo tras el recurso de apelación especial presentado por el defensor público Ricardo Aníbal Beraud y el abogado Idilio Acosta González, representantes de los policías condenados.
Según explicó el defensor público Ricardo Beraud, su defensa planteó siete causales de nulidad, mientras que la defensa del abogado Idilio Acosta expuso ocho causales, varias de las cuales fueron consideradas válidas por el Tribunal de Apelación.
Uno de los puntos centrales fue la incorporación irregular de una prueba fundamental durante el juicio. La defensa sostuvo que no se pudo determinar el origen ni la forma en que fue incorporado un medio probatorio, lo que genera nulidad procesal.
Asimismo, dicho elemento fue objeto de una pericia realizada por un perito del Ministerio Público, la cual no se llevó a cabo como anticipo jurisdiccional de prueba, sino como un acto de investigación. Si bien esta práctica no es cuestionada en sí, la defensa objetó el motivo y el alcance de la pericia.
La pericia debía realizarse sobre un pendrive, pero el perito terminó analizando cuatro dispositivos, de los cuales solo se mencionaron tres inicialmente. Ninguno de ellos tenía origen claramente identificado, pese a contar con números de serie que nunca fueron informados por el Ministerio Público.
Además, se constató que el.perito no se encontraba habilitado oficialmente al momento de emitir su dictamen, ya que la Corte Suprema de Justicia lo habilitó más de un año después de la realización de la pericia, lo que invalida su informe.
Estas deficiencias fueron oportunamente puestas en conocimiento del Tribunal de Sentencia y finalmente consideradas por el Tribunal de Apelación como elementos suficientes para anular la condena.
Cabe recordar que el Tribunal de Sentencia había condenado a los tres agentes policiales por los delitos de extorsión en grado de tentativa y persecución de inocentes, en un caso ocurrido en diciembre de 2019, donde se comprobó que los uniformados habrían plantado un paquete de droga a un ciudadano para exigirle dinero.
En esa sentencia, el oficial Johnny Javier Giménez Amarilla fue condenado a 8 años de prisión, mientras que los suboficiales Nelson Solís Chamorro y Alcides Villa Robles recibieron 5 años de cárcel cada uno.
Con esta resolución, el expediente será remitido para la realización de un nuevo juicio oral y público.
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