La implementación de la nueva ley de unificación de patentes vehiculares, que busca igualar los costos de habilitación en todos los municipios del país, todavía no será aplicada en Pedro Juan Caballero. Así lo afirmó Luis Martínez, jefe de tránsito, en una entrevista en la que explicó los desafíos que enfrentan para adaptarse a esta normativa.
Según Martínez, la ley fue creada para evitar que los contribuyentes migren a municipios con tasas más bajas, afectando la recaudación de sus localidades de origen. Sin embargo, destacó que para que la normativa entre en vigencia en cada municipio, es necesario un proceso de adecuación mediante ordenanzas municipales, así como la actualización de sistemas informáticos y la colaboración entre las juntas y ejecutivos municipales.
Actualmente, en Pedro Juan Caballero se siguen aplicando las tasas establecidas en la ordenanza local para el ejercicio 2025, mientras se evalúa cómo implementar la nueva ley. Martínez señaló que aunque esta normativa ya fue decretada por el presidente Santiago Peña, su puesta en práctica requerirá tiempo debido a situaciones no previstas, como los efectos sobre municipios que históricamente cobraban montos significativamente menores.
Impactos en otros municipios
Municipios como Jota Augusto Saldívar y Mokajaty enfrentan mayores retos. Por ejemplo, en estos lugares se cobraban tasas muy bajas: 40.000 guaraníes por motocicleta, 100.000 por automóviles y 120.000 por camionetas. Ahora, la ley establece un monto mínimo equivalente a medio jornal diario, que supera ampliamente los valores anteriores.
Martínez agregó que esta falta de previsión afecta principalmente a los municipios pequeños, donde el cambio será más drástico.
En Pedro Juan Caballero, las tasas actuales oscilan entre 110.000 y 170.000 guaraníes para motocicletas, dependiendo de su condición. Aunque la recaudación municipal cumple con las expectativas anuales, Martínez advirtió que esta disparidad de costos entre municipios seguirá motivando a los contribuyentes a buscar opciones más económicas en localidades cercanas como Sanja Pytã o Cerro Corá.
Para evitar estas fugas, la ley plantea la implementación de un sistema de control centralizado, posiblemente vinculado a la base de datos de justicia electoral. Sin embargo, este mecanismo aún está en análisis y no cuenta con un esquema definido, lo que retrasa su implementación.
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